VOTACION DEL CONSEJO DE EUROPA A FAVOR DEL ABORTO Abril/2008El debate sobre el aborto despertó un interés superior al habitual, a punto tal que fueron 43 los parlamentarios que solicitaron la palabra, mientras que se plantearon 70 enmiendas al texto del proyecto original. La resolución aprobada considera que el aborto “no debe ser prohibido”, dado que eso no significa una disminución de los casos.
La legisladora socialista austríaca Gisela Wurm fue la que expuso el informe, titulado “Acceso a un aborto sin riesgo y legal en Europa”. Ella dijo que el objetivo de la iniciativa es que “la sociedad proteja a las mujeres que no desean finalizar su embarazo”. Wurm aseguró que el 40 por ciento de los abortos no se practica en condiciones higiénicas, mientras que su compañera de grupo, la holandesa Christine McCafferty, sostuvo que en su país “el aborto legal ha permitido tener la tasa más baja del mundo” de interrupciones voluntarias del embarazo.
Hubo posturas enfrentadas dentro de un mismo grupo político. El socialista maltés Leo Brincat afirmó que “es imposible legalizar el aborto” en Malta y que los adherentes a su partido son contrarios a que se practique. El liberal irlandés Terry Leyden votó en contra de la iniciativa, mientras que su colega suizo Dick Marty manifestó en cambio que la criminalización del aborto “sólo conlleva miseria, humillación e injusticia”. El italiano Claudio Azzolini, del Partido Popular, dijo del informe que fue un “auténtico aborto”, mientras que su compañero de grupo, el francés Jean-Guy Branger, apoyó la propuesta diciendo que se trata de “una cuestión de derecho y no el fruto del deseo de una mujer”.
UN ENCUENTRO POR UN DERECHOMédicos, activistas e investigadores cerraron ayer el encuentro en Montevideo, realizado con fuerte apoyo del gobierno uruguayo, con un llamado a que los Estados faciliten “el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en condiciones legales”.
Desde Montevideo
Cómo garantizar que las mujeres que deben enfrentar un aborto puedan tener un procedimiento seguro, que no ponga en riesgo sus vidas –en los diferentes contextos legales de la región– fue uno de los ejes centrales del IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que finalizó ayer en Montevideo y contó con más de medio millar de participantes de diversos países –incluida Argentina–, entre médicos, activistas, investigadores y profesionales de diversos ámbitos. En ese marco, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog), que agrupa a las asociaciones científicas de una veintena de naciones, dio a conocer un fuerte pronunciamiento en el que insta a los gobiernos de América latina y el Caribe a elaborar regulaciones sanitarias “a fin de facilitar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en condiciones legales”, es decir, en aquellas circunstancias en las que no está penalizada, “por ser éstas un instrumento que contribuye a preservar su vida y su salud y a la reducción de la mortalidad materna”.
El llamamiento de la Flasog es parte de un consenso firmado en esta ciudad que fue bautizado como Carta de Montevideo. Incluye como primer punto pedir a los gobiernos de la región que profundicen sus políticas de salud sexual y reproductiva y garanticen la entrega de métodos anticonceptivos y además, desarrollen programas de educación sexual, según informó a Página/12 el médico peruano Luis Tavara, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de Flasog, y uno de los expositores invitados.
El drama del aborto en la región, las consecuencias en la salud de las mujeres y en los elevados índices de mortalidad materna como consecuencia de leyes restrictivas –como la argentina– y el impacto que han tenido en el último año los cambios normativos que se han producido en algunos países como Colombia y México –donde se liberalizaron las leyes que penalizaban la interrupción de un embarazo– fueron algunos de los temas abordados en paneles y mesas redondas en los que participaron reconocidos especialistas extranjeros. Otro de los temas que concitó mucha atención fue la estrategia de reducción de daños frente al aborto que se lleva adelante en este país, con el aval del Ministerio de Salud desde hace varios años, y que consiste en que los médicos les informen a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo cuáles métodos son riesgosos y que pueden recurrir a otros más seguros –como el uso de la droga misoprostol a través de la cual la propia mujer puede inducirse un aborto–. En Uruguay el aborto está penalizado (ver aparte). La consejería se da en los hospitales públicos antes y también después del aborto, para comprobar que la interrupción se haya completado y la mujer no tenga complicaciones.
Entre las invitadas “estrellas” del Congreso estuvieron Frances Kissling, feminista norteamericana fundadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, con amplia trayectoria en el activismo, y la médica holandesa Rebecca Gomperts, de Mujeres sobre las Olas (Women on Waves), una organización que provee información para que las mujeres puedan tomar decisiones con respecto a la planificación familiar y puedan acceder a abortos seguros: es conocida porque tiene un barco que lleva frente a las costas de países que prohíben el aborto para realizar interrupciones voluntarias del embarazo abordo con medicamentos. Ahora Gomperts está promoviendo que las mujeres accedan a información en Internet sobre cómo realizarse un aborto ellas mismas con fármacos que se envían por correo postal (ver aparte).
Otro de los expositores fue el chileno radicado en Brasil Aníbal Faúndes, profesor titular de Obstetricia de la Universidad Estadual de Campinas, investigador senior del Centro de Estudios en Salud Reproductiva de la misma ciudad y ex presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Faúndes reflexionó sobre el papel de los ginecólogos y obstetras ante la problemática del aborto. “Lo ideal sería que ninguna mujer tenga que abortar. Pero frente al aborto que no se puede evitar, hay que garantizar –como médicos– que sea lo más seguro posible. En una democracia, las mujeres deberían poder elegir por sí mismas sobre su cuerpo. Pero estamos lejos de eso. En casi todos los países de América latina el aborto no es punible en distintas circunstancias. Pero prácticamente es cero la cantidad de mujeres que acceden a esos abortos (en el sector público) y parte de ese cero es responsabilidad de la actitud de ginecólogos y obstetras. Y también de la falta de lineamientos del Estado. Los obstetras nos encariñamos mucho con el feto y cuando nos dicen que ese feto hay que eliminarlo, por distintas razones, tenemos resistencias. No escuchamos a las mujeres con embarazos no deseados. Sólo escuchamos a las que desean tener un bebé”, comenzó una de sus ponencias Faúndes, reconocido internacionalmente por sus varios libros –y más de trescientos artículos publicados en revistas científicas– que abordan la temática. Faúndes destacó que de acuerdo a las recomendaciones de las cumbres internacionales de Población (El Cairo, 1994) de la Mujer (Beijing, 1995) y las posteriores evaluaciones de aquellas conferencias, “cuando está permitido hay que brindarle a la mujer un aborto seguro y no obligarla a que recurra a un método inseguro”, con agujas, sondas, tallos de perejil o en manos de personas inexpertas como sigue ocurriendo en Latinoamérica. Walter Lauría, presidente de la Sociedad de Ginecología de Uruguay, agregó, siguiendo con la autocrítica médica: “Muchas veces hablamos mucho y en la práctica hacemos poquito”, frente a la problemática del aborto.
El IV Congreso Latinoamericano tuvo un fuerte respaldo del gobierno uruguayo. La sede del encuentro fue la intendencia de Montevideo y su lema “Alcanzar las metas del milenio: un compromiso de los profesionales de la salud desde los derechos sexuales y reproductivos”.
El aborto es una gran preocupación para ginecólogos y obstetras por su alta incidencia en los índices de mortalidad materna (MM) de la región. La reducción de la MM es una de las metas del Milenio, a las que se comprometieron los países que conforman la ONU. En Argentina, la tasa de MM creció entre 2005 y 2006 (el último registro conocido), de 39 a 48 muertes por 100 mil nacidos vivos, lo que significa que de un año al otro fallecieron 56 mujeres más por causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio, señaló a este diario la médica argentina Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), expositora invitada al Congreso. En 2005 fallecieron 279 y en 2006, 333, por esas causas, que en la mayoría de los casos pueden ser evitables. En Argentina, el aborto es la causa del 30 por ciento de MM, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica.
Las cifras indican que se redujo la cantidad de muertes por abortos ilegales. Más de siete mil mujeres pudieron acceder a la interrupción del embarazo con los cuidados de un hospital público. Ocho de cada diez que lo solicitaron son católicas.
Por Mariana Carbajal
El próximo jueves la ley que legalizó el aborto en el Distrito Federal de México cumple su primer año. “El balance es muy positivo. Hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada. Se han hecho más de 7000 interrupciones legales de embarazo en hospitales públicos, con lo cual quedó demostrado que la ley era una necesidad social”, evalúa María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las ONG que trabajaron arduamente para que el aborto deje de ser delito en la capital mexicana. En una entrevista con Página/12, Sánchez Fuentes analizó el impacto que tuvo la reforma legal en los servicios de salud y en la vida de las mujeres y reveló que más del 80 por ciento de las mujeres que recurrieron a un aborto legal se definieron como católicas.
Sánchez Fuentes integra también el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), una alianza entre activistas, investigadores y médicos, que se formó dos años atrás en forma silenciosa y recién ahora se ha presentado en sociedad, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que se hizo en Montevideo una semana atrás. Forman parte del Clacai profesionales argentinos y de otros 12 países de la región. “El objetivo –cuenta la directora de GIRE– es articular esfuerzos y compartir información, para lograr que se ofrezca en los hospitales públicos el aborto con medicamentos –cuya práctica se ha ido extendiendo boca a boca entre las mujeres–, al menos en los casos en los que está permitido.”
La charla transcurre en un viejo mercado de Montevideo, donde ahora hay diversos bares y restaurantes, a una cuadra de la Municipalidad de Montevideo. El lugar es muy pintoresco. Es el mediodía y las mesas están colmadas de oficinistas que hicieron un alto en su jornada. Cronista y entrevistada aprovecharon un intervalo en el IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para conversar sobre la ley que votó la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007 y que estableció como interrupción legal del embarazo (ILE) la que se produce dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Sánchez Fuentes casi no menciona la palabra aborto. Prefiere decir ILE. El cambio de términos fue una de las estrategias de la coalición de ONG –entre ellas GIRE– que trabajaron coordinadamente durante siete años para lograr el cambio normativo, con el apoyo del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, la principal fuerza de izquierda que gobierna el DF (en México el gobierno federal está en manos del PAN, partido de derecha).
El próximo jueves se cumple un año desde que la ILE dejó de ser delito en la capital mexicana. Más allá del primer trimestre, está permitido el aborto si hay riesgo para la salud o la vida de la mujer, si el embarazo es producto de una violación o si el feto tiene una malformación grave.
–¿Qué balance hace del primer año de aplicación de la ley?
–El balance es sumamente positivo por varias razones. En primer lugar porque las mujeres se apropiaron inmediatamente de la ley. A las 48 horas de su entrada en vigencia se presentó la primera mujer que pidió una ILE en un hospital público. Hasta el momento –12 de abril– han sido atendidas 7122 mujeres. En segundo lugar, porque se ha logrado regularizar la práctica en los 14 hospitales públicos, de los 25 que hay en el DF, designados para realizar ILE. Lamentablemente, este año se produjo una muerte de una adolescente de 15 años como consecuencia de la ILE. El caso está en investigación, pero aparentemente no se siguió el protocolo de atención y no se constató el tiempo de gestación. Estaba de 16 semanas y el aborto está permitido dentro de las 12 primeras semanas. Esto corrobora que cuanto más tarde se realiza más se puede complicar.
–¿Cuál es el perfil de las mujeres que recurrieron a la ILE?
–Más del 30 por ciento tiene más de dos hijos. Un porcentaje muy bajo, cerca del 2 por ciento, son jóvenes menores de 18 años. El promedio de edad de las mujeres es de 25 años, la mayoría son estudiantes. Más del 80 por ciento dicen ser católicas. Sólo el 14 por ciento provino de otros estados. A partir de la aplicación de la ley, se cuenta con registros oficiales transparentes.
–Uno de los obstáculos para acceder al aborto legal o no punible en países latinoamericanos suelen ser los profesionales médicos que se resisten a realizar las intervenciones por temor a una demanda por mala praxis o por sus resistencias personales, por creencias religiosas u otros motivos. ¿Cómo lograron que la ley se respete en los hospitales?
–GIRE y otras organizaciones hemos sido invitados por el gobierno local a capacitar al personal de los hospitales en cuáles eran los cambios legales, a qué los obliga, cuál es su responsabilidad si se niegan a realizar una ILE. En los servicios conviven objetores de conciencia y no objetores sin inconvenientes: ése es un signo de democracia. Un aspecto interesante de la estrategia que diseñaron las ONG que trabajaron para lograr la legalización del aborto en el DF fue que cambiaron el eje de la discusión. Dejaron de plantear que se trataba de un derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo y lo mostraron como una cuestión de justicia social, de democracia y de salud pública, por las muertes de mujeres pobres en abortos realizados en condiciones riesgosas. Como primer paso, la coalición entre GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Population Council e IPAS México dividió roles para ampliar la base concreta de apoyo a la despenalización del aborto, dirigiéndonos a audiencias específicas: abogados, legisladores, médicos, sector educativo, especialistas en bioética. La idea fue darles información para que pudieran hablar públicamente sobre el tema. También trabajaron con los medios de comunicación, que apoyaron fuertemente la reforma. Paralelamente capacitaron a los prestadores de servicios de aborto, para mejorar el acceso en los casos en los que ya estaba despenalizado (peligro para la vida y a partir de 2000 también para la salud de la mujer, en caso de violación y de malformación genética). El proyecto avanzó sobre un trabajo previo de 30 años del movimiento feminista mexicano, de poner el tema en debate.
–¿La mujer que decide interrumpir un embarazo recibe algún tipo de consejería? ¿Se le plantean opciones a la ILE?
–Es una ley integral muy prudente. Las mujeres están tomando la decisión con información. Hay una consejería que incluye distintas opciones ante un embarazo no deseado: que la mujer se reconcilie con esa gestación, que decida dar en adopción a la criatura, y la ILE. Antes tenían sólo dos posibilidades, ahora tienen una tercera. De las 16 mil mujeres que han solicitado información sobre la ILE, un 30 por ciento no se la han hecho. No sabemos si han desistido o si no estaban embarazadas y sólo querían saber cuáles eran sus alcances. La ley también adiciona artículos a la ley de salud que fortalecen los derechos sexuales y reproductivos con programas de anticonceptivos, de uso de condón, de educación sexual, que se están desarrollando gradualmente.
Esto habla de voluntad política. Hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada, no se acabó el mundo. Quedó demostrado que era una necesidad social: con la ley se ha protegido la salud y la vida de las mujeres. En el DF el aborto era la tercera causa de mortalidad materna. Todavía no hay cifras actualizadas, pero sí se ve que se han reducido las complicaciones por aborto.
–Siete mil abortos en un año, en una ciudad con la población del DF, parece un número pequeño. ¿Estima que todavía hay abortos clandestinos, en clínicas privadas?
–Sí, sigue habiendo abortos clandestinos. Es un tema tan privado que hay mujeres que prefieren no ir a un hospital público y van a una clínica privada. El problema sanitario es el aborto inseguro y ése con la ley se ha reducido.
–Hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
–Está previsto que en agosto la Corte se pronuncie. La presentación la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en primer lugar, y después la Procuración General de la Nación hizo una segunda acción de inconstitucionalidad. La Corte decidió que haya audiencias públicas: están previstas tres sesiones a favor y tres en contra. El ombusdman, el jefe de Gobierno y el ministro de Salud del DF están defendiendo la ley como propia. Hace unos días el director de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud, Arturo Gaytán, dijo: “Más de 6000 mujeres no pueden estar equivocadas”. Si la resolución de la Corte es favorable y confirma su constitucionalidad ya sería una cuestión de decisión política que se legalice la ILE en otros estados.
Sánchez Fuentes lleva 15 años como activista por los derechos sexuales y reproductivos. Antes, había militado en una organización política de izquierda. Todavía se sorprende por la reforma legal votada un año atrás en el DF. “Nunca pensé que iba a vivir la despenalización del aborto”, dice, casi emocionada.
La despenalización del aborto significa que la ley no castigue penalmente a la mujer que lo practica.
La despenalización del aborto reconoce la condición humana de las mujeres, mejora la capacidad del sistema de salud de atender las complicaciones de los abortos, favorece la llegada oportuna de las mujeres a los servicios de salud sin temor a ser penalizadas, y disminuye las muertes maternas.
La despenalización del aborto debe ir acompañada del fortalecimiento de las políticas de salud sexual y procreación responsable, y la educación sexual en las escuelas.
La despenalización del aborto implica no castigar dos veces a una mujer que ya fue privada de sus derechos antes de abortar.
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